500 funcionarios expolíticos cobran sobresueldos 'discriminatorios' de Hacienda

500 Expolíticos cobran sobresueldos “discriminatorios” de Hacienda. Un tribunal ha considerado un gasto irracional el complemento vitalicio a funcionarios que pasaron por la política. La partida ha sobrevivido a todos los recortes salvo en Baleares donde la han eliminado.

Entre los funcionarios se lo conoce como el "nivel 33". Aunque el máximo en el escalafón es el 30, este sobresueldo se conoce así porque fue creado por el artículo 33 de una ley de 1990. Esa norma establecía que los funcionarios que pasasen dos años en un puesto de alto cargo, de designación política, cobrarían a su regreso a su puesto como funcionarios un plus hasta su jubilación.

Son unos 500 ex altos cargos los que cobran ese plus, que de media supone 180 euros al mes en su nómina. En esos 500 solo están los funcionarios de la Administración General del Estado, pero en las comunidades autónomas hay muchísimos más y con complementos mucho mayores. Solo Baleares lo ha suprimido y el Tribunal Superior de Justicia de Baleares acaba de avalar su eliminación al considerar que el plus es “discriminatorio".

El ‘nivel "33" es una de esas cosas poco conocidas fuera de la Administración. En 1990, con el PSOE en el Gobierno, la Ley de Presupuestos creó un privilegio para los funcionarios que pasasen dos años en política. Ha sido una norma que nadie ha discutido y que disfrutan tanto ex altos cargos del PP como del PSOE. La ley fijaba que al volver a su puesto de funcionario cobrarían un complemento hasta la jubilación “para igualarlo al valor del complemento de destino que la Ley de Presupuestos del Estado fije anualmente para los directores generales de la Administración del Estado”. Según la interpretación de Presidencia, incluida en la respuesta a este medio, “se trata de un derecho reconocido por haber desempeñado dicha persona un alto cargo en la Administración”. La partida ha sobrevivido a todos los recortes. Ni el Gobierno del PSOE ni el del PP la han tocado.

Entre los privilegiados con este plus aparecen algunos personajes muy conocidos como Esperanza Aguirre, que solicitó cobrar el "nivel 33" el mismo día en que el Boletín Oficial del Estado publicaba su dimisión como presidenta de la Comunidad de Madrid. Aguirre, lo cobró durante los tres meses que estuvo en Turespaña antes de pasar en 2013 a una empresa privada. Lo mismo hizo Jaime García-Legaz tras abandonar la Secretaría de Estado de Comercio, cobrando este complemento hasta su designación como presidente de Aena hace un mes. Rafael Spottorno, jefe de la Casa del Rey durante los últimos tres años del reinado de Juan Carlos I, o el exdiputado del PP Gabriel Elorriaga también figuran entre los beneficiarios.

El complemento de director general solo se extingue al dejar el puesto de funcionario para pasar a una empresa privada o a otra Administración ya sea autonómica o local, en el caso de los funcionarios estatales o con la jubilación. Unos cincuenta altos cargos llevan cobrando este sobresueldo desde antes del año 2000. Los reconocimientos del "nivel 33" se multiplican en los años electorales, consecuencia de los cambios de personal impuestos por los vencedores en las elecciones en cada momento.

“No lo tocan porque está hecho para beneficiar a los funcionarios de la cuerda. Y por eso nadie se ha quejado. Lo disfrutan funcionarios afines a todos los partidos que han gobernado”, explica un funcionario veterano. Después de que en 1990 se aprobara la ley estatal que instauraba el complemento, las Comunidades Autónomas fueron aprobando normativas similares.

En 2015 la coalición entre PSOE, Podemos y nacionalistas que llegó al Gobierno en Baleares, pactó eliminar este complemento y así se hizo en enero de 2016. Solo en Baleares, 152 ex altos cargos cobraban ese complemento y a final de 2015, con la salida del PP de los puestos de poder, otros 17 lo tenían solicitado. Eso da una media de un complemento de 453 euros brutos al mes por 14 pagas. El plus es mayor para aquellos funcionarios que tienen menor categoría y no todos cobran lo mismo. En algunos casos el complemento llegaba a rondar los 1.000 euros brutos al mes.

En 2015, el Gobierno insular barajó tres opciones: obligar a devolver el sueldo a los funcionarios que lo hubieran cobrado (lo que se desechó inmediatamente), suprimirlo a partir de ese momento pero mantenerlo a los que ya tuvieran el complemento (como hicieron en Castilla-La Mancha y Extremadura durante la crisis) o dejar de pagarlo a todos que fue la decisión final y comenzó a aplicarse en enero de 2016.

Los expolíticos que vieron su nómina reducida por la decisión del Gobierno que preside Francina Armengol recurrieron en masa la decisión de suprimir el complemento. Alegaron que era una decisión retroactiva que vulneraba “un derecho económico consolidado, un derecho adquirido”. El primer caso que tuvo sentencia firme fue el de Miquel Mateu Roig, director general de Patrimonio de Baleares entre 2003 y 2007. El juzgado consideró que los ex altos cargos funcionarios no tenían ningún “derecho adquirido” a este sobresueldo, pues se trata de un “complemento que nació de forma excepcional en relación a determinados cargos directivos políticos cuyo ámbito de aplicación pasó a ampliarse sucesivamente”. “Al no haber derecho adquirido alguno, no puede hablarse de retroactividad”, falló el juzgado en esa reclamación.