NO OLVIDEMOS A LAS VÍCTIMAS QUE MURIERON SIN RECIBIR JUSTICIA

Los afectados y familiares quieren recordar a las víctimas y afirman que "ni perdonamos ni olvidamos"

Lamentablemente este país no se caracteriza por impartir justicia, la corrupción campa a sus anchas y los pocos que se atreven a denunciar se encuentran con muros infranqueables rodeados de obstáculos.

Hace 4 años el Tribunal Supremo decidió  no admitir a trámite la querella contra la exministra de Sanidad Ana Mato presentada el pasado mes de febrero por la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C (PLAFHC) por "omisión del deber de socorro" en 2 delitos de homicidio y 37 de lesiones por los pacientes que no habían tenido acceso a los nuevos medicamentos de última generación hasta ese momento.

 

El autor de la Sala de lo Penal del Supremo consideraba que los hechos denunciados "no son constitutivos de ilícito penal", por lo que archivaba las actuaciones.

La PLAFHC incluía en la querella, presentaba el pasado 13 de febrero por presuntos delitos de homicidio, lesiones, trato vejatorio, omisión del deber de socorro y prevaricación administrativa, al ministro de Sanidad en el momento de su presentación, Alfonso Alonso, además de su antecesora; a la secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas; a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y a la farmacéutica Gilead Sciences, fabricante de 'Sovaldi'.

El Ministerio fiscal informó de que la sala es competente para conocer la querella interpuesta únicamente en relación con Ana Mato, por estar aforada, y el 9 de marzo decidía que los hechos narrados en la querella "no son en ningún modo constitutivos de delito" por homicidio, lesiones y omisión del deber de socorro.

La Sala advertía de que el sistema judicial "no puede convertirse en un mero instrumento de política criminal ni en la primera respuesta ante decisiones por retrasos en la actuación gubernamental aunque sea en temas tan sensibles como la salud de los ciudadanos"

 La Sala explicó que la querella " es de gran extensión y con abundante base documental", estima que no se aporta "ningún elemento o principio de prueba que avale razonablemente" los presuntos delitos imputados a la exministra, ni considera que "haya existido una inactividad absoluta" por parte del ministerio. Por lo que decidió su archivo.

A pesar de desestimar la querella, la Sala concluyó su auto con "una última reflexión" en la que aseguraba ser "sensible a la inquietud y desasosiego que los afectados por el virus de la hepatitis C así como sus familiares están sufriendo", pero advertía de que el sistema judicial "no puede convertirse en un mero instrumento de política criminal ni en la primera respuesta ante decisiones por retrasos en la actuación gubernamental aunque sea en temas tan sensibles como la salud de los ciudadanos".

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