Se llama Pedro, tiene 45 años y encontró un empleo de 500 euros en la cafetería de un pintoresco pueblo de 12.000 habitantes de Pontevedra. Como le advirtió su encargado, la jornada sería dura. Tendría que quedarse “algún ratín más”. Fregar, montar mesas, atender a los clientes rezagados. Su horario real casi triplica las 30 horas semanales recogidas en su contrato de tres meses. “Esto es explotación pura y dura”, zanja este hombre desesperado, que tiene a su cargo a 3 hijos y que sobrevive gracias a la ayuda de su familia. Pedro oculta su nombre verdadero por motivos obvios, denunció el caso hace dos semanas a la Inspección de Trabajo. En su pyme de12 trabajadores no ha aterrizado ninguno de los 981 inspectores y 897 subinspectores del Ministerio de Empleo que rastrean este agosto posibles irregularidades. “¿Dónde están nuestros derechos? ¡esto es una vergüenza!”, se lamenta y con razón.

Los empleos creados de los que tanto presume el gobierno tienen un trasfondo, la precariedad. Según sus datos, gran parte de los nuevos contratos son minijobs, temporales y a tiempo parcial, y que además en muchos casos incluyen luego más horas camufladas.

La explotación aflora cuando la víctima denuncia. Y eso, si el miedo lo permite en la España de los 4,7 millones de parados registrados, ocurre en una minoría de los casos, y cuando apura la temporada, a partir de septiembre. Empleo admite que la hostelería es un sector clave en la contratación fraudulenta a tiempo parcial. Pero se niega a valorar el rebrote de precariedad que denuncian los sindicatos hasta disponer de cifras oficiales. Sus últimos datos son del primer semestre del año: las 62.106 inspecciones en el sector servicios regularizaron 17.223 empleos no declarados.

Servir mesas 12 horas al día por un salario de 500 euros
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